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SUTEL en la defensa de la soberanía nacional y las empresas publicas.

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DENUNCIA DE SUTEL ANTE LA ACCIÓN DE AMPARO DE CLARO

La empresa Flimay s.a. (perteneciente al conjunto económico CLARO) presentó  una acción de amparo contra Poder Ejecutivo- MIEM y Presidencia de la Republica– URSEC, solicitando por una vía totalmente improcedente: se le “reconozca” la Licencia Clase D para la prestación del servicio de TV para abonados por el sistema satelital TDH (televisión directa al hogar), se “cumplan” con las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y se dé tramite a la importación de decodificadores necesarios para prestar el servicio.

Algunas precisiones:

La acción de amparo está prevista en la ley 16.011, y por la cual, se establece que el amparo es un recurso que tiene a su disposición cualquier persona física o jurídica, pública o privada, contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución.

Esta acción, sólo procede cuando no existen otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que se pretende, por tanto, tiene carácter residual, es un instrumento excepcional y extraordinario, que procede cuando los medios normales de protección de los derechos, no resultan viables.

La ley establece que, si la acción fuera manifiestamente improcedente, el Juez la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones.

Por lo tanto, vemos que Claro utiliza este instrumento de carácter sumarísimo, para intentar lograr se le reconozca una Licencia que no tiene, y que para obtenerla debe cumplir la normativa aplicable al caso.

En ese sentido, y para explicar un poco más este entramado judicial, vamos a la historia:

*En el año 2008 URSEC le otorga a la Flimay s.a. una licencia de comunicaciones Clase D para la prestación del servicio de TV para abonados por el sistema satelital TDH

*Advertido del error el Poder Ejecutivo por Resolución de fecha 9 de enero de 2009 haciendo uso de la facultad de avocación, revocó el otorgamiento de la licencia referida, por no haberse culminado el proceso de elaboración de la Política Nacional de Telecomunicaciones

*Flimay se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitando la nulidad de esta Resolución, y por sentencia N° 773/2012 se anula la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 9 de enero de 2009

Con esta sentencia del TCA, que anula la resolución del PE, es importante tener presente que no recobra vigencia la Resolución de URSEC del 2008, sino que en todo caso, habilitaría a Flimay a pedir nuevamente la Licencia, pero para esto debía cumplir los requisitos que la normativa vigente en ese momento exigía. Decreto 349/1990, artículos 8 y 9; Decreto 115/2003 (Reglamento de Licencias) y sus modificativas

*En el año 2013, y por recursos interpuestos por distintos operadores del servicio de televisión para abonados, por resolución del Poder Ejecutivo se revoca por razones de ilegitimidad la resolución de URSEC del año 2008.

*Flimay acude nuevamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitando la nulidad de ésta Resolución del Poder Ejecutivo, y pide además que se suspenda su ejecución.

De esta manera, totalmente contraria a la normativa vigente, Claro comienza a importar equipamientos de manera fraudulenta, para prestar ilícitamente un servicio para el cual no tiene autorización y en clara violación a nuestro ordenamiento jurídico.

Esta acción de nulidad está a estudio actualmente, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por lo tanto, con esta acción de amparo, que como acabamos de ver, totalmente improcedente, Flimay (Claro) pretende obtener de manera ilegítima, una licencia que nunca tuvo, y no puede tener.

¿Por qué decimos nunca tuvo y nunca puede tener? La respuesta es categoría, porque nunca cumplió los requisitos exigidos por la normativa: antes Decretos 349/1990 y 115/2003, ahora Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual – 19.307

EXHORTAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES DE ANTEL, A ESTAR ALERTAS ANTE LOS PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS, YA QUE EL JUEVES 27 DEL MES CORRIENTE A LAS 13:10 HORAS EL JUEZ QUE LLEVA LA CAUSA DICTARÁ LA SENTENCIA.

UNA VEZ MÁS Y COMO FORMA PARTE DE NUESTROS PRINCIPIOS EN LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, LLAMAMOS A REDOBLAR LA LUCHA

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